¿Con impuesto o sin impuesto? El vino mexicano en Baja California

Tras una serie de notas publicadas recientemente, nos damos a la tarea de redactar los hechos hasta hoy conocidos sobre el «Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico».

Por Carlos Valenzuela.

El pasado 30 de diciembre de 2011 se publicó en el periódico oficial de Baja California (BC) el Decreto 169, en el cual se aprueba la Reforma a varios artículos de la Ley de Hacienda de BC para aprobar, en pocas palabras, un impuesto del 4.5% a las bebidas alcohólicas que se vendan en el Estado.

De la Ley.

Decreto 169, Publicado el 30 de Diciembre de 2011

Nos llaman la atención varios puntos que aquí les compartimos.

Primero, en términos generales este tipo de impuestos tienen su base «moral» en que las bebidas alcohólicas, junto con otras drogas legales, son un mal a la sociedad y se pretende mitigar su consumo aumentando sus tasas impositivas. La verdad es que sin importar su impuesto, el consumo sigue, y si hay cambios en los hábitos de consumo son únicamente derivados  de cambios sociales importantes, tal como es en el consumo del cigarro. Sin embargo este caso es muy diferente, el decreto 169 no se refiere a todas las bebidas, hace una excepción, la de la cerveza. ¿Por qué? Aunque suene a especulación es un secreto poco guardado que las compañías cerveceras tienen grandes intereses políticos y económicos, y contradecirlas sería, por decir lo menos, no muy popular.

Si lo que querían era una mayor base gravable y una mejor recaudación, quizá lo que debieron hacer es precisamente aplicar el impuesto a la cerveza, un producto de demanda prácticamente inelástica (la demanda se afecta muy poco pese a sus cambios de precio), que se vende al por mayor, y que su venta es en gran medida al turismo internacional. Caso contrario es el del vino nacional, que lo consume el habitante de BC, el turismo nacional y es muy sensible a los cambios de precio. Ojo, tampoco apoyaría un impuesto a la cerveza, pero esta es sólo mi opinión.

Pero ya entrando en materia, la base de cálculo para este impuesto, es el precio percibido sin incluir IVA ni IEPS, por lo menos hay una base de cálculo clara, sin embargo, el artículo 156-36 dice que «el impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, sin que se considere que forma parte del precio de venta al público, ni se entienda violatorio de precios o tarifas, incluyendo en su caso precios oficiales. Por lo que el impuesto no deberá trasladarse o señalarse en forma expresa y por separado a las personas que adquieran las bebidas.»

Traducción: En la lista de precios, se verá un aumento de precio final, no se puede señalar en forma expresa que es un impuesto a la venta (como es el caso del IVA), sólo hay un precio mayor. ¿Qué entenderá el consumidor, local o turista? Que en efecto, el vino mexicano, es caro, o por lo menos más caro en aproximadamente 5% que la última vez que lo compró.

Otra diferencia con el IVA –que en mi opinión es el impuesto más justo ya que es relativo al consumo pero es un impuesto de traslado– es que el impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas no se traslada: «Los contribuyentes del presente impuesto, pagarán el mismo, sin que proceda acreditamiento alguno contra dicho pago». Es decir, lo va a pagar sólo quien haga la venta final del vino, o más bien sólo el consumidor final, pegándole de nuevo a la percepción de precio del vino en el estado, y quizá fomentando el consumo de cerveza (touché).

Al leer el decreto me acordé mucho de Antonio Badán QEPD, quien mantenía que a los productores no sólo les afecta el monto del impuesto, sino su administración mes con mes, ya que para los pequeños productores representaba un reto –y al final un costo– llevar las cuentas de los impuestos, exenciones, deducciones, unas ventas con IEPS desglosado, otras no, etc… En el caso de este impuesto es un caso parecido, se calculará mensualmente, se enterarán y se pagarán al Estado. También, en caso de que tú vendas el vino a alguien que a su vez lo venderá a consumidor final, deberás llevar una relación de estas personas o empresas, conservando copias de sus registros de obligaciones ante el Estado, ya que si éstas personas no cumplen, quien le haya vendido el vino será su responsable solidario. No es broma.

Otra joyita, para eso de incentivar la ruta del vino y el enoturismo, donde los turistas van de bodega en bodega visitando salas de degustación, es que para este impuesto «también se considerará venta final, el faltante de inventario o el consumo propio de las bebidas referidas». Entonces… ¿todo el vino que se sirva en las degustaciones pagadas o gratuitas, causa impuesto? Sí. ¿Todo el vino que se sirva en las fiestas de la vendimia causa impuesto? Sí. ¡Bravo! Eso es visión de futuro.

La reacción.

Los productores obviamente contrariados han expresado su oposición a esta iniciativa en sus redes sociales. Algunos como Alejandro Cabello de Fratelli Pasini, José Luis Durand de Sinergi, Hans Backhoff de Monte Xanic entre otros, expresan su descontento, a la vez que los integrantes del Sistema Producto Vid de Baja California emitieron un comunicado publicado en facebook pidiendo al Gobernador su apoyo para la exención del pago de este impuesto para el vino producido en el Estado.

Los productores han tenido el apoyo no sólo de consumidores y medios, sino al parecer también el del grupo parlamentario PRI, PVEM, PEBC y PT.

El resultado.

El pasado 30 de enero comenzó a circular también un acuerdo, o más bien una «Proposición con punto de acuerdo» en la que se «exhorta al Gobernador del Estado a que emita un decreto administrativo para exentar del pago por Impuesto sobre producción, ampliación, envasamiento o transformación de alcohol y bebidas alcohólicas, a los vinos de producción nacional.»

¿Ya ganamos? No.

Primero, el documento (Descargar Acuerdo Exención) es apenas un exhorto al Gobernador, quien aún no ratifica y no se ha publicado en el Periódico Oficial de BC.

Segundo, y más importante. El exhorto, llama al Gobernador a exentar al vino nacional del pago al Impuesto sobre producción, ampliación, envasamiento o transformación de alcohol y bebidas alcohólicas, y no al Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico. ¿Ven? Son dos impuestos diferentes. Al menos que estos tecnicismos no cuenten, la proposición de los diputados se refiere a un impuesto que es bastante ambiguo en sí, pero que no tiene que ver con el nuevo impuesto a la venta final, objeto del reciente debate.

¿Entonces? Tal vez los diputados en su buena voluntad quisieron apoyar al desarrollo de esta industria, pero se equivocaron al redactar el acuerdo. O Tal vez simplemente estaban haciendo tiempo para que entrara en vigor el impuesto, recurriendo al socorrido «quedé bien y no gasté». Espero y sea lo primero.

Ahora, que si el Gobernador accede a esta petición y exenta al vino nacional del correctamente indicado Impuesto sobre producción, ampliación, envasamiento o transformación de alcohol y bebidas alcohólicas, entonces los productores tendrán un impuesto menos de qué preocuparse.

Suena importante este impuesto, hasta tiene su propia Ley (Ley del Impuesto sobre producción, ampliación, envasamiento o transformación de alcohol y bebidas alcohólicas ), en la que cita en su artículo tercero: «La tarifa del Impuesto será la que determine la Ley de Ingresos del Estado». Pero cuando uno revisa la Ley de Ingresos del Estado de BC no hay referencia alguna a dicho impuesto, ni a la producción de bebidas alcohólicas. Entonces, los diputados le están pidiendo al Gobernador que exima al vino mexicano del pago de un impuesto que para empezar, no está documentado. (Si alguien me puede indicar los montos que se pagan por este impuesto sería de mucha utilidad, ya que no encontré nada.)

Por otro lado, en la misma Ley de Ingresos para el 2012, el gobierno establece un objetivo de recaudación de 100,000 pesos por concepto de impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas, que para empezar me parece muy bajo y para seguirle, despierta otra serie de preguntas que más vale dejar en el aire: ¿Cuánto sería si se incluye a la cerveza?, ¿se está considerando la venta de todo el vino en BC, o únicamente de aquellos comerciantes que no sepan cómo «darle la vuelta»? ¿vale la pena poner en entredicho el papel del Gobierno de BC en cuanto al apoyo de la industria vitivinícola y el enoturismo por 100,000 pesos?

¿Y ahora, quién podrá ayudarlos?

Como siempre, un buen contador y un buen abogado. Pero más que nada, la unidad como gremio. Seguramente los grandes productores como L.A. Cetto, Domecq, Santo Tomás y Monte Xanic saben qué hacer, en esta ocasión (y en muchas más) estaría bueno que se pusieran de acuerdo y presentaran una propuesta junto con los pequeños productores, haciendo un frente común ante este tipo de embates y compartiendo las mejores prácticas administrativas y legales para llevar su negocio.

Y en el resto del país, aún cuando creamos que este impuesto no nos afecta, los invito a pensar en que hay productores que venden toda su producción en el estado. Si bien no nos llegan sus vinos, nos llega el fruto de un movimiento de producción, los conocimientos colectivos que como industria hacen que la calidad del vino mexicano sea cada vez mejor.

Así que yo, con la información presente, me declaro en contra de este impuesto, o más bien a favor de que si se van a hacer exenciones, sean al vino y la cerveza producidas en el Estado de Baja California.

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